Con el fin de combatir el contrabando de cigarrillos, Crime Stoppers Internacional, apoya, desde el 2016, al combate de esta acción ilegal, por lo que trabaja de forma coordinada con la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, y otras instituciones públicas y privadas.
Es así, como a través de su módulo de contrabando de cigarrillos, en la página www.tupista.info, Crime Stoppers El Salvador y la Policía han obtenido varias denuncias anónimas del paso ilegal de este producto, las cuales han sido verificadas por la División de Seguridad Fronteriza de la PNC, y han dado seguimiento a la información y ejecutado principales acciones para combatirlos, obteniendo excelentes resultados.
Esta información proporcionada por Crime Stoppers, permitió que recientemente el personal de la División de Seguridad Fronteriza capturara en el caserío El Roble, Metapán, en el departamento de Santa Ana, a Mario Hernán Umaña Cardona y Eliazar Armando Galán Mendoza, acusados por el delito de contrabando de mercadería, incautándoles 40 mil cajetillas de cigarrillos de la marca Modern valorados en aproximadamente 80 mil dólares.
Por otra parte, según investigaciones de un especialista panameño en temas de contrabando, Severino Mejía Mosquera, este ilícito financia a las estructuras criminales en el país, siendo un negocio ilegal rentable que les permite comprar armas, vehículos, inmuebles, teléfonos y otros elementos que fortalecen estos grupos.
Además, manifestó “que el contrabando de cigarrillos representa una amenaza para la seguridad nacional de los países de la región, y que su abordaje debe de ser integral, ya que es un flagelo que genera enormes pérdidas, tanto al fisco, por los impuestos que deja de percibir; a los consumidores, quienes corren grandes riesgos al adquirir productos sin garantía ni los debidos estándares de calidad”.
Según datos obtenidos en la información, solo en El Salvador, son consumidos 940 millones de cigarros al año, de los cuales el 32% son ilícitos. Este hecho genera una evasión fiscal acumulada de unos 15.5 millones de dólares anuales, es decir, el Estado deja de percibir ese monto en impuestos.